Subus propone primer acuerdo con acreedores pero autoridad rechaza entregar más recursos

A 40 días desde que Subus se sometiera a una reorganización concursal para hacer frente a sus compromisos financieros, al alero de la ley de Insolvencia y Reemprendimiento, la empresa presentó un primer documento de acuerdo con sus acreedores, el que fue ingresado al 17 juzgado Civil de Santiago por Nelson Contador, su abogado.

La propuesta establece un plan de pago a sus acreedores que tienen deuda garantizada, la que totaliza
$ 71.800 millones. En primera instancia se pagarán amortizaciones por $ 14,9 mil millones desde enero de 2017.

Esto divide en varias cuotas, partiendo en diciembre de 2018, con $ 6.000 millones; luego en diciembre de 2019 se pagarán otros $ 1.700 millones y, finalmente, otros $ 7.200 millones en agosto de 2020.

También se contempla una segunda fase de pagos, la cual estará supeditada al acuerdo que la empresa logre con el gobierno en la revisión excepcional, donde busca nuevos recursos económicos. En estas negociaciones, el operador pidió el reajuste de 25% de la tarifa comercial.

De hecho, si se aprueba este acuerdo, se establece que Enrique Ortiz, actual interventor concursal de Subus, ingrese a la mesa que tienen con el gobierno para negociar más ingresos, lo que tiene como fecha tope el 20 de septiembre de 2016.

El acuerdo al que se llegue con el gobierno, será presentado en una Junta de Acreedores y, de aprobarse, se establecerá un calendario adicional de pagos para destinarlo a amortizaciones extraordinarias.

Con los recursos extra que lleguen eventualmente de la revisión excepcional, se creará un fondo, con una retención del 30% y un tope de $ 3.000 millones. Esto se destinará al pago a acreedores y amortizar en parte las inversiones del socio controlador que es Fanalca, con la que mantiene una deuda de $ 29,5 mil millones.

Por el contrario, si la junta de acreedores rechazara la propuesta de acuerdo lograda entre Subus y el gobierno, "viene de inmediato un Acuerdo de liquidación ordenada de Activos". Para ello, el interventor deberá proceder a la venta de los activos de Subus que determine la comisión de acreedores.

Deuda sin garantía

En el caso de los créditos que no tienen garantía, que ascienden a $ 19.781 millones, se especifica que aquellos proveedores con créditos inferiores a US$ 5 millones tendrán su pago normal para facturas futuras, mientras que las facturas ya emitidas serán canceladas en los próximos 12 meses una vez ejecutada la reorganización.

Para aquellos acreedores sin garantía y con créditos superiores de los US$ 5 millones, se pagarán de igual forma que los con garantías hipotecarias o prendarias.

Además, se eliminará el convenio de cuenta del servicio de la duda, es decir, la prelación que establecían los créditos suscritos y que priorizaba la cancelación de la dudas por sobre el financiamiento de la operación de la compañía.

Prórroga de concesión

Otras variables que determina el documento de acuerdo presentado, es la continuación efectiva del giro de Subus. La administración permanecerá en manos de la actual gestión, sujeta de intervención mientras dure el Acuerdo de Reorganización.

La compañía abre la puerta además a que se permita la prórroga o plazo del contrato de concesión.

De concretarse este escenario, la compañía determina que los nuevos ingresos provenientes de esta nueva operación se destinarán a amortizaciones extraordinarias y se distribuirán en forma equitativa entre estos mismos acreedores.

Revisión excepcional

Subus y la Dirección de Transportes Públicos Metropolitano (DTPM) iniciaron a finales de septiembre de 2015 un proceso de revisión excepcional que busca compensar, por medio de la reajuste del pago por pasajero transportado, el déficit financieros que enfrenta.

Esto porque a juicio de Subus hay una serie de factores exógenos que están afectando su operación, entre ellos la falta de infraestructura, la mayor evasión y los altos niveles de congestión, mermando los ingresos y aumento los descuentos que hace el Estado a la empresa.

Guillermo Muñoz, director de la DTPM, rechazó que la compañía presente como únicos argumentos los factores exógenos del sistema y no asuma un actitud autocrítica en su mala gestión.

"Hay cosas que no me gustan y es que vuelve a mencionar sin ninguna autocrítica solo causas exógenas, como si fueran las causas ajenas las razones de su déficit financiero y no su propia gestión", señaló Muñoz.
Además, precisó que más que poner la solución del problema en manos de la autoridad, "lo que no corresponde, es que lo resuelva la propia empresa", aclaró.

Muñoz rescató que el acuerdo contemple además un fondo para amortizar la deuda con sus trabajadores, lo que da cuenta de que existe voluntad de las partes para lograr un acuerdo. De hecho, dijo que la autoridad pondrá todo de su parte para llegar a una solución siempre y cuando se apegue solamente a lo que determinan los contratos.

Estructura de pasivos

Durante la aprobación de la reorganización concursal, la compañía acreditó deudas por $ 121 mil millones en total, de los cuales unos $ 29 mil millones eran cuentas relacionadas con su accionista controlador, Fanalca.

El resto, unos $ 91 mil millones se desglosaban en acreedores bancarios, donde destacaron AB Svensk Exportkredit, Banco Colombia Puerto Rico Internacional, The Hong Kong and Shangai Banking CorporationLlimited, Tokio Branch y Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Los acreedores bancarios consolidaban el 78,61% de la deuda garantizada, con un total de $ 71,8 mil millones, de éstos un 83,5% tienen un 75% de garantía o más.

En tanto, los pasivos establecen que unos $ 19,6 mil millones son deudas que no tienen garantía, entre los cuales destaca los proveedores como ENAP, a la que se le adeudan unos $ 2 mil millones o Volvo con $ 1,1 mil millones.

En este grupo también se encuentra el tercer mayor acreedor de la compañía VTF Latin América con una deuda de $ 7 mil millones, de los cuales unos $ 6 mil millones no gozan de garantía.